….guinada neoliberal na Espanha é inconstitucional (Jueces para la Democracia)….

 

 

 

 

Aposta no Estado
mínimo é ruptura constitucional

 

 

 

O artigo que
segue foi escrito por Joaquim Bosch, magistrado e porta-voz da Jueces para la
Democracia espanhola e serviu para a convocação da Marcha para Madri, realizada
por centenas de entidades e sindicatos.

Bosch explica os
motivos jurídicos, para além dos políticos e econômicos para se opor às
reformas e aos cortes: as alterações desmantelam por completo o Estado social imposto
pela Constituição espanhola e é o mais profundo ataque aos direitos
fundamentais no país –sem se submeter sequer a um referendo popular.

Bosch faz referencia
a reformas trabalhistas que precarizam direitos de trabalhadores, cortes que
inviabilizam o acesso aos direitos que a Constituição garante e o crescimento
da carga tributária, da qual se excluem justamente grandes corporações e
instituições financeiras.

“Pode ser
compreensível que alguns defendam essa nova sociedade. Mas essa aposta está fora
de nossa Constituição e de nosso sistema de direitos fundamentais”

 

Perspectivas de
ruptura constitucional

Joaquim Bosch
Magistrado y
portavoz de Jueces para la Democracia

La Constitución de 1978 surgió
en el contexto de una transición que tuvo más insuficiencias de las que se han
querido admitir. Pero nuestra Carta Magna reguló un sistema de derechos
fundamentales equiparable al de los países más avanzados de nuestro entorno. Se
fijaron unos derechos sociales que suponían el respeto a la dignidad de toda
persona, como un núcleo esencial para garantizar sus necesidades básicas y el
libre desarrollo de su personalidad. Es cierto que el cumplimiento de estos
preceptos constitucionales no ha sido suficiente. Sin embargo, parece poco
discutible que ha sido la etapa en la historia de nuestro país en la que se ha
producido el mayor avance de los derechos humanos.

Asistimos ahora a un cambio
drástico. Con el pretexto de la situación económica internacional, se pretende
desmantelar nuestro Estado Social. La Constitución establece la obligación de
los poderes públicos de que sean respetados estos derechos fundamentales, así
como el deber de promover la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Y nuestro
texto constitucional regula unos principios básicos sobre la redistribución de
la renta, como forma de garantizar esos niveles de igual cobertura de las
necesidades esenciales. No obstante, en unos pocos meses se han producido la
restricciones más intensas de los derechos fundamentales de toda la etapa
democrática.

Se ha aprobado una reforma
laboral que rompe el equilibrio en las relaciones contractuales, para
precarizar absolutamente la situación de los trabajadores. Se han decretado
todo tipo de recortes en los servicios públicos más importantes, como la
sanidad, la educación, la justicia y la más diversas prestaciones sociales. Se
han incrementado los impuestos para las clases medias y la clase trabajadora,
mientras que siguen sin contribuir las grandes empresas, las entidades
bancarias y las grandes fortunas, en contraste con los países europeos más
avanzados, en los que estos sectores son los que financian en gran parte el
Estado Social.

Todo ello supone avanzar hacia
los dogmas del Estado mínimo y del neoliberalismo económico, a partir de las
teorías de Hayek, Friedman o Nozik. No se trata de nada nuevo. Tampoco nos
encontramos ante una situación pasajera. Los cambios pretenden convertirse en
estructurales. Y miran en el horizonte de determinadas apuestas de parte de la
sociedad norteamericana, cuyos corifeos más entusiastas proceden del denominado
Tea Party. Buscan una sociedad con intensas desigualdades sociales, en
la que los sectores privilegiados sean cada vez más fuertes, en la que se
privaticen los servicios básicos y en la que se deteriore lo público para la
mayoría de la población. Se trata de una seria embestida de aquellos que
Tzvetan Todorov ha llamado enemigos íntimos de la democracia, es decir, de los
que se oponen al concepto del bien común y a los derechos de los ciudadanos.

Puede ser comprensible que
algunos defiendan esa nueva sociedad. Pero hay que recordar que esa apuesta se
ubica fuera de nuestra Constitución y de nuestro sistema de derechos
fundamentales, que se incardinan en el modelo social europeo. Las medidas que
se están acordando rompen el consenso constitucional y las bases fundamentales
de la convivencia ciudadana. Además, no figuraban en el programa de ninguna
fuerza política. Si desde el gobierno se pretende optar por la ruptura de los
principios constitucionales, debería someter a referéndum todas esas medidas
para que sea la ciudadanía la que decida, desde su soberanía democrática. Por
otro lado, no resulta admisible que se nos pretenda imponer nuestro futuro
desde la presión añadida de determinados organismos supranacionales no
democráticos. Como ha señalado Jürgen Habermas, es la propia democracia la que
ahora mismo está en juego.

Se nos presentan determinadas
soluciones como técnicas, inevitables y únicas, cuando en realidad son
meramente ideológicas. En los términos de Paul Krugman, podríamos afirmar que
nuestro país tiene la misma capacidad tecnológica para producir riqueza que
hace varios años. Por ello, si la situación ha empeorado no ha sido a causa de
ninguna catástrofe natural, sino por determinadas decisiones incorrectas. Entre
ellas, favorecer sin límites a las entidades bancarias, con los impuestos de
toda la ciudadanía, a pesar de su responsabilidad en la situación económica
actual. O negarse a exigir a quienes más tienen su necesaria contribución a una
sociedad que les ha posibilitado generar su riqueza. O no impulsar el
crecimiento económico para hacer posible el cumplimiento de los derechos
sociales, a través de mecanismos de redistribución.

Lo que resulta evidente es que
los recortes no llevan al bienestar, porque las medidas empobrecedoras solo
pueden conducir a la ruina económica y social. Y a un aumento de la
conflictividad. Por eso los sindicatos y cerca de doscientas entidades cívicas
han convocado una marcha a Madrid para mañana, en la que puede ser la mayor
manifestación de la historia de nuestro país. Hay motivos para ello, como la
defensa del Estado Social reconocido constitucionalmente. Y no es que estén
surgiendo millones de ciudadanos antisistema. Es que paradójicamente el sistema
está empezando a excluir a la mayoría de la sociedad.